Bienvenidos a Juntos, nuestro boletín que explora desarrollos en el mundo del derecho antimonopolio y de competencia en América Latina. En esta edición, analizamos algunos de los principales titulares del segundo trimestre de 2025.
Argentina
Tribunal argentino revoca orden judicial prohibiendo cierre de una propuesta adquisición. Un tribunal argentino suspendió y revocó, el 5 de junio de 2025, una medida cautelar previamente otorgada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que prohibía la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom Argentina. El tribunal además ordenó a la CNDC no emitir más decisiones que impidieran el cierre de la adquisición. Los efectos del fallo judicial dejan importantes preguntas, ya que las normas promulgadas en virtud de la ley nacional de competencia de Argentina no permiten al tribunal de apelación suspender de inmediato los efectos de una medida cautelar de la CNDC. Además, la ley exige que la CNDC apruebe una transacción antes de que un comprador tome control sobre una compañía que es el objeto de una adquisición. El resultado de este proceso legal podría tener profundas repercusiones tanto para la CNDC como para la ley de control de fusiones del país.
Brasil
Brasil investiga el intercambio de información. En Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el órgano regulador de la competencia del país, sigue enfocada en el intercambio de información sensible relacionada a la competencia, en particular respecto a los mercados laborales. En 2021, el CADE inició su primera investigación sobre un posible cártel entre departamentos de recursos humanos, e investigó denuncias de intercambios sistemáticos de información sobre salarios, ajustes salariales y beneficios a los empleados. Según el CADE, estas prácticas restringen la libre competencia entre empleadores, lo que limita el acceso de los trabajadores a mejores oportunidades y compensación. El CADE lanzó dos casos adicionales en 2024, y desde entonces ha enviado órdenes de desistir a los empleadores en los tres casos.
Estos casos resaltan el enfoque creciente del CADE hacia los intercambios de información competitivamente sensible que podrían afectar los mercados laborales, y sirven como recordatorio a las empresas nacionales y multinacionales que operan en Brasil que tienen que ser cautelosas al compartir datos sobre compensacione y beneficios de los empleados.
Chile
Tribunal chileno anuncia medidas más estrictas contra los consejos de administración entrelazados. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile (TDLC), impuso multas por violaciones de las normas que regulan las juntas directivas entrelazadas. Las multas, anunciadas en abril de 2025, fueron notables porque el caso involucraba a empresas solo cuyas subsidiarias compiten entre sí, lo que representa una desviación importante del precedente en el país. Al igual que sus contrapartes en los Estados Unidos, las autoridades chilenas han renovado su interés en aplicar las leyes antimonopolio y de competencia para impedir la coordinación entre competidores u otras empresas relacionadas de manera vertical u horizontal. Para obtener más información, lea la alerta sobre este tema elaborada por el equipo de DLA Piper en Chile.
El director de la FNE de Chile afirma que las leyes actuales ya permiten gestionar las investigaciones tecnológicas. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile presentó una denuncia contra Google que acusa a la compañía de abusar de su posición dominante en el ecosistema Android al limitar las tiendas de aplicaciones alternativas y obligar a los desarrolladores a utilizar su sistema de facturación Google Play, mientras prohíbe los enlaces a métodos de pago alternativos. La denuncia de la FNE alega que Google tiene una participación de mercado considerable (95 por ciento en distribución de aplicaciones y más del 99 por ciento en facturación de bienes digitales en dispositivos Android) y busca lo que sería la multa más alta en la historia de la agencia, casi USD 89 millones. La denuncia también exige medidas correctivas destinadas a poner fin a estas prácticas. La búsqueda por parte de la FNE de casos más grandes y multas más elevadas surge a raíz de preocupaciones más amplias sobre las empresas dominantes, preocupaciones que son compartidas con otras agencias de control de la competencia en todo el mundo.
México
México crea una nueva autoridad antimonopolio. El gobierno mexicano publicó en su Diario Oficial, el 16 de julio de 2025, modificaciones a su Ley Federal de Competencia Económica, que, entre otros cambios a varias de sus disposiciones, crea la Comisión Nacional Antimonopolio.
Estos cambios son consecuencia del decreto mexicano publicado el 20 de diciembre de 2024, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, entre otras cosas, preveía la creación de una nueva autoridad en materia de competencia económica.
Estados Unidos
El Departamento de Justicia de EE. UU. logra una condena por fijación de salarios. En abril de 2025, un jurado federal condenó a un ejecutivo de una empresa enfocada en proveer personal para atención médica domiciliaria por participar en una conspiración de varios años para fijar los salarios de las enfermeras de atención médica domiciliaria. La condena asegura para el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) de los EE. UU. su primera victoria en un juicio penal que contenía acusaciones de violaciones de la ley en el mercado laboral. Además de la condena por fijación de salarios, el jurado también condenó al acusado por cinco cargos de fraude electrónico, en parte por no revelar una investigación penal cuando vendió su empresa.
Esta condena se destaca como un hito notable para el Departamento de Justicia, después de no haber logrado obtener condenas en varios casos que trataban con el mercado laboral (como la fijación de salarios y los acuerdos de “no captación de empleados”) en una serie de juicios que comenzaron en 2022. Tanto los directivos del DOJ, como de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC), se han comprometido a combatir las prácticas anticompetitivas que afectan a los trabajadores. Al anunciar la condena, el DOJ se comprometió a que “la División Antimonopolio procesará fervientemente a aquellos que busquen obtener beneficios injustamente de sus empleados”.
El Departamento de Justicia de EE. UU. gana un segundo caso de monopolización contra Google. En abril de 2025, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia ganó su segundo caso contra Google por monopolización de mercados en menos de un año. Un tribunal federal en el distrito de Virginia determinó que Google monopolizaba tecnologías de publicidad digital en los mercados de servidores de anuncios de publicación y de intercambio de anuncios para publicidad gráfica. Sin embargo, el tribunal también rechazó otra parte de la querella relacionada a la monopolización del mercado de redes publicitarias de anunciantes. El tribunal consideró que Google tenía cuotas de mercado elevadas y duraderas, usaba conductas excluyentes y aplicaba precios supercompetitivos en los mercados de servidores de publicidad e intercambio de publicidad, todo lo cual superaba las justificaciones procompetitivas que Google presentó en su defensa en el juicio. En particular, el tribunal argumentó que Google había atado ilegalmente sus productos de servidor de publicidad e intercambio de publicidad para editores, lo cual perjudicaba a los clientes editoriales.
El caso de tecnología publicitaria surge tras una decisión de agosto de 2024 de un tribunal federal en el Distrito de Columbia que encontró que Google era un monopolista en la búsqueda en línea.
El caso, que el DOJ calificó como una “victoria histórica”, supone otra victoria notable para los organismos antimonopolio de EE. UU. en sus esfuerzos por combatir la conducta excluyente de las empresas dominantes, después de décadas en las que ni el DOJ ni la FTC aplicaron de manera agresiva las disposiciones antimonopolio de la Ley Sherman. El DOJ también ha perseguido la monopolización como un delito penal, y recientemente obtuvo importantes sentencias de prisión tras condenas por delitos de monopolización.
El Departamento de Justicia de EE. UU. lanza un programa de incentivos para denunciantes de prácticas anticompetitivas. En julio de 2025, la División Antimonopolio del DOJ anunció por primera vez en su historia un Programa de Recompensas para Denunciantes que ofrece importantes incentivos monetarios, (hasta el 30 por ciento de multas superiores a USD 1 millón) a denunciantes individuales que reporten información sobre delitos antimonopolio y otros delitos relacionados que el gobierno no conocía previamente. El nuevo programa se parece a otros programas similares, como aquellos para violaciones de la normativa sobre valores y la Ley de Reclamaciones Falsas, y podría tener un impacto significativo en los esfuerzos del DOJ para hacer cumplir la ley contra los cárteles.
Entre sus posibles impactos, el programa de recompensas cambia instantáneamente el cálculo corporativo en torno al régimen de indulgencia de la División, ya que los denunciantes individuales ahora podrían proporcionar información al DOJ que impediría la elegibilidad corporativa para recibir indulgencia. (Además, a diferencia de la indulgencia, el programa para denunciantes también cubre ciertos delitos fuera del ámbito de derecho antimonopolio). Si bien el nuevo programa se anunció en conjunto específicamente con los grupos de investigación del Servicio Postal de los EE. UU. (US Postal Service, USPS), es poco probable que esto limite significativamente la disponibilidad de incentivos, ya que los agentes de USPS históricamente han adoptado una visión amplia de su mandato para investigar los delitos que afectan al USPS y se han asociado antes con los abogados de la División Antimonopolio en numerosas investigaciones. Además, no existe ningún requisito que el USPS se vea afectado de forma considerable por los delitos denunciados. Si bien aún está por verse si el nuevo programa marcará un cambio en la aplicación penal de las leyes antimonopolio por parte del DOJ, se espera que el DOJ destine recursos significativos para difundir información sobre la iniciativa y para perseguir con firmeza las denuncias que cumplan con los criterios establecidos.
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