Argentina
Agencia antimonopolio toma acción contra proveedores de servicios médicos. El organismo antimonopolio de Argentina, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), está investigando a varias organizaciones de la industria médica por supuestas prácticas concertadas, incluyendo fijación de precios. La investigación comienza tras la aplicación de medidas cautelares contra los proveedores, los cuales ordenaron la reversión de ciertos aumentos de precios.
Las reformas económicas implementadas por el nuevo gobierno de Argentina han eliminado previos controles de precio en varios mercados y requieren que muchas empresas elaboren sus propias estrategias de precios. En algunos casos, esto parece haber resultado en acuerdos anticompetitivos entre competidores. La investigación actual de la CNDC demuestra los riesgos asociados con esta conducta.
Precios predatorios en el sector de telecomunicaciones. La CNDC rechazó una queja presentada por uno de los principales proveedores de servicios telefónicos en Argentina. La denuncia acusa al principal competidor de ese proveedor de prácticas excluyentes y abuso de una posición dominante en el mercado. La denuncia alegó que el competidor ofreció precios y condiciones especiales para paquetes de diferentes servicios, como aquellos que agrupaban servicios de telefonía fija y móvil con internet.
Al rechazar los reclamos, la CNDC estableció que las prácticas de precios promocionales y la agrupación de productos son habituales en el sector y no dieron lugar a la exclusión de la competencia, ni crearon impedimentos para el movimiento de clientes entre diferentes proveedores de servicios.
El presidente de Argentina promete intervenir en una propuesta fusión en el sector de telecomunicaciones. El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha comprometido a que la CNDC investigará la propuesta venta de activos por parte de uno de los proveedores de telecomunicaciones más grandes de Argentina a un competidor local. A principios de 2025, Telefónica decidió subastar todos sus activos argentinos, como parte de un plan mayor de abandonar la mayoría de los mercados latinoamericanos. Los resultados de ese proceso se anunciaron el 21 de febrero de 2025, y el principal competidor de Telefónica en Argentina ganó varios segmentos importantes en la subasta. La transacción se realizó inmediatamente, y Telefónica recibió el pago por sus acciones.
Sin embargo, para que la transacción sea válida, debe ser notificada y aprobada, tanto por la CNDC como por el regulador nacional de telecomunicaciones. El despacho del presidente Milei ha expresado su preocupación con la posible creación de un monopolio en la industria y los posibles impactos que tendría ese resultado en los esfuerzos para reducir la inflación en el país. Si bien la fusión aún no ha sido notificada a la agencia de competencia, la promesa de una investigación indica que esta u otras transacciones podrían ser bloqueadas o deshechas después una investigación.
Brasil
A finales de 2024, la autoridad de competencia de Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE), abrió dos investigaciones de 59 compañías multinacionales acusadas de intercambiar información sensible sobre prestaciones y compensación de empleados durante un período de tres décadas. Las investigaciones comenzaron después de que el CADE y dos de esas compañías alcanzaran acuerdos de indulgencia por autorreportarse. El CADE argumentó que estas prácticas podrían suprimir la competencia en los mercados laborales de la industria de bienes de consumo.
La investigación del CADE refleja las preocupaciones de otras agencias regionales, incluyendo las de Estados Unidos y Europa, con respecto al uso de las leyes de protección de competencia para salvaguardar a los trabajadores y prevenir el intercambio de información sensible entre empleadores competidores. Particularmente, a medida que otras agencias aumentan su énfasis en los mercados laborales (ver Estados Unidos, más abajo), las compañías deben considerar sus prácticas y políticas de compensación para garantizar el cumplimiento con las leyes antimonopolio. En Brasil, el incumplimiento de esta normativa podría dar lugar a multas de hasta el 20 % de los ingresos brutos anuales del grupo económico de una compañía en el país.
Chile
El panorama de la competencia en Chile sigue evolucionando, a medida que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) abordan nuevos desafíos en sectores industriales importantes. Recientes acontecimientos destacan la creciente importancia de la aplicación de la legislación antimonopolio en los mercados digitales, con respecto a mecanismos tecnológicos de fijación de precios, y en cuanto a normativas medioambientales.
Estudio de mercado de la FNE sobre comercio electrónico. La FNE ha puesto en marcha un estudio de mercado del sector del comercio electrónico para evaluar posibles impactos en la libre competencia. El estudio examinará las barreras de entrada, el rol de las principales plataformas y cualquier práctica que pueda perjudicar la competencia. Como parte de este proceso, se espera que la FNE emita solicitudes de información a participantes en la industria, incluyendo mercados virtuales, proveedores de logística y operadores de servicios de pago, para poder comprender mejor la dinámica de este mercado. Las conclusiones de la FNE podrían dar lugar a recomendaciones o investigaciones reglamentarias para garantizar un mercado en línea justo y competitivo.
Fijación de precios usando algoritmos. El director de la FNE prometió que la FNE está preparada para detectar e investigar la colusión algorítmica “con el mismo rigor y la misma fuerza” con la que persigue la colusión tradicional. De esta manera, la FNE se une a una lista cada vez más larga de entes de defensa de la competencia en todo el mundo, que se han centrado en el uso de algoritmos e inteligencia artificial (IA) como herramientas de fijación de precios.
El uso de algoritmos e inteligencia artificial con fines comerciales puede generar importantes beneficios para las empresas y para los consumidores, incluyendo la posibilidad de ajustar precios en respuesta a las condiciones de oferta y demanda en tiempo real. Dicho eso, el uso de esta tecnología también supone riesgos, especialmente por su potencial para facilitar la colusión entre empresas competidoras.
Al igual que en Estados Unidos, la autoridad antimonopolio de Chile desconfía especialmente de la coordinación impulsada por la inteligencia artificial, dado que podría estabilizar los precios en niveles más altos, reduciendo la competencia incluso en ausencia de un comportamiento tradicional de cartel. Este nuevo nivel de vigilancia hace claro que las empresas que fijen sus precios usando algoritmos e IA deben asegurarse de que cumplan con las regulaciones antimonopolio, para evitar posibles sanciones.
Regulación de la responsabilidad ampliada del productor. La nueva regulación de responsabilidad ampliada del productor (RAP) de Chile, promulgada en 2016 e implementada por etapas según el tipo de productos en cuestión, exige que los productores sean responsables de los residuos creados como producto de sus procesos de producción. Los productores pueden crear sistemas de cumplimiento individuales o colectivos para la gestión de residuos, pero algunos han observado la eficiencia de los esfuerzos conjuntos. A medida que los productores colaboran para cumplir los objetivos de reciclaje y sostenibilidad, existe el riesgo de que estos acuerdos faciliten prácticas anticompetitivas, como el comportamiento excluyente o la coordinación de precios. En virtud de la normativa de RAP, estas empresas conjuntas deben presentar sus documentos constitutivos para que el TDLC y, si es necesario, la FNE, los revisen, y deben contratar los servicios de gestión de residuos mediante un proceso de licitación competitiva. El TDLC vela por que las compañías cumplan las leyes de competencia de Chile, garantizando el libre acceso, la participación justa y la protección de la libre competencia. Este marco regulador en evolución representa una intersección entre la política medioambiental y la aplicación de la legislación antimonopolio.
México
Siguen surgiendo detalles sobre la nueva era de regulación de competencia en México, tras las enmiendas de finales de 2024 a la Constitución de México. Estas enmiendas combinarían las actuales autoridades antimonopolio de México – la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) – en una única agencia, que depende de un ministerio del poder ejecutivo. Poco después de que se aprobaran estas enmiendas, la financiación de la COFECE se redujo a menos de un tercio de lo que había solicitado para su presupuesto de 2025. La legislación secundaria propuesta recientemente para llevar a cabo estos cambios da algunas indicaciones de cómo podría ser el régimen protección de la competencia en el futuro.
La nueva autoridad, que se conocerá como la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico, ejercerá autonomía técnica y operativa, pero su ubicación bajo el control de un ministerio del gobierno que reporta al presidente mexicano despoja a la COFECE y al IFT de su anterior independencia constitucional. Al igual que sus agencias predecesoras, la nueva agencia investigará y tendrá autoridad para impugnar la misma conducta, incluyendo los monopolios, las concentraciones de mercado y los cárteles anticompetitivos. Además, todos los actos emitidos anteriormente por la COFECE y el IFT seguirán siendo legalmente efectivos.
Junto con los cambios estructurales en el número y el mandato de los comisionados de la agencia, la legislación propuesta, que aún requiere la aprobación de ambas cámaras del parlamento de México, introduciría una nueva ley de precios excesivos y aumentaría sustancialmente las multas por violaciones de la ley antimonopolio. También reduciría los umbrales de ingresos aplicables y ampliaría la gama de operaciones y acuerdos que requieren la notificación a la agencia antimonopolio en virtud de las leyes de control de fusiones.
Por ahora, la COFECE sigue siendo el principal organismo de defensa de la competencia del país, aunque esté luchando por garantizar la continuidad de sus funciones y procedimientos hasta que la nueva autoridad de competencia comience a funcionar, debido a sus intensas restricciones presupuestarias. La situación sigue siendo incierta y debe vigilarse de cerca para conocer el futuro de la aplicación de la ley de competencia en el país.
Perú
La autoridad antimonopolio peruana (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi) y el regulador financiero nacional (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, o SBS) publicaron conjuntamente una guía para las compañías del sector financiero que detalla cómo solicitar la autorización previa necesaria para concentraciones empresariales como fusiones y adquisiciones.
Esta guía especifica cuándo deben presentarse las solicitudes al Indecopi, a la SBS o a ambas agencias. También incluye pautas prácticas, incluyendo ejemplos de posibles concentraciones de negocios, con la intención de facilitar el cumplimiento con los requisitos establecidos.
Estados Unidos
El FBI y el DOJ se centran en los fugitivos de la persecución de cárteles. Un comunicado reciente de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) y de la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) muestra que las agencias pueden mirar más allá de sus fronteras para encontrar a individuos culpables de delitos antimonopolio que afectan la economía estadounidense. Las dos agencias publicaron conjuntamente una lista de personas que se consideran fugitivas de cargos penales antimonopolio en Estados Unidos, algunos de hace casi 15 años, y lanzaron un portal para que el público proporcione información sobre los fugitivos. La lista incluye a ciudadanos de Colombia, Chile y Brasil.
La lista es un claro recordatorio tanto del alcance de la aplicación de la ley antimonopolio de Estados Unidos como de la persistencia de los agentes federales en la persecución de personas acusadas de violar las leyes antimonopolio de los Estados Unidos. Con una nueva administración en los Estados Unidos, una pregunta abierta con respecto a estos fugitivos será el alcance de la presión que Estados Unidos ejerza sobre los gobiernos extranjeros para extraditar a estas personas. Históricamente, muchos extranjeros acusados de delitos antimonopolio en los Estados Unidos han optado por permanecer dentro de los límites de su país de origen en lugar de someterse a la jurisdicción de Estados Unidos, ya sea para ser juzgados o declararse culpables. Además de las órdenes de busca y captura pendientes en los Estados Unidos, los demandados por delitos antimonopolio se incluyen habitualmente en la lista de notificaciones rojas de Interpol, que solicita a los países miembros de Interpol que detengan provisionalmente a las personas en espera de su extradición a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el DOJ lanzó una página web para animar a los fugitivos a buscar la resolución de sus casos. La página web incluye el testimonio en video de un ciudadano extranjero que finalmente se sometió a la jurisdicción de Estados Unidos y se declaró culpable después de cinco años como fugitivo.
Los encargados de hacer cumplir la ley seguirán enfocándose en los mercados laborales.
Como reflejo de la tendencia mundial de utilizar las leyes antimonopolio para proteger a los trabajadores, y señalando la intención de la nueva administración de mantener las normas de las administraciones anteriores, el nuevo presidente de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) ordenó a la agencia que formara un grupo de trabajo para investigar y cuestionar las conductas anticompetitivas que afectan a los trabajadores.
Tras destacar la importancia de la autoridad de la FTC para proteger a “los consumidores estadounidenses en su papel de trabajadores”, el presidente Andrew Ferguson ordenó al grupo de trabajo que coordinara los recursos de las unidades de competencia, protección del consumidor, y economía de la FTC para combatir “las prácticas laborales engañosas, injustas y anticompetitivas de los empleadores que reducen lo que [los trabajadores] ganan por su trabajo”.
Si bien el grupo de trabajo de la FTC es un nuevo desarrollo, continúa una tendencia bipartidista de casi una década de utilizar las leyes antimonopolio federales para proteger a los trabajadores de prácticas como los acuerdos de “no captación”, de fijación de salarios, y de no competencia. Esto incluye las recientes actualizaciones de la FTC y el DOJ de sus Directrices Antimonopolio para Actividades Empresariales que Afectan a los Trabajadores, que sustituyeron y ampliaron significativamente las Directrices Antimonopolio para Profesionales de Recursos Humanos de 2016 de las agencias.
Para las empresas que mantienen una fuerza laboral en Estados Unidos, estos avances destacan la importancia de garantizar el cumplimiento antimonopolio con respecto a la función de recursos humanos.
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